Es común, para el ciudadano que constantemente visita el centro de la ciudad de Arequipa, encontrarse con borrachines (por no decirles alcohólicos rebuznantes) que salen de tugurios, repartidos por calles y vericuetos sin ton ni son, al parecer embarcados en una borrachera histórica que no tienen cuando acabar y a plena luz del día. Los observan los turistas que se aventuran unas cuadras bajando del Mercado San Camilo o las escolares que estudian cerca de la Plaza España, los estudiantes que bajan hasta las calles Cruz Verde y Villalba y ya de plano se unen a la juerga los que pululan por la Avenida Venezuela rumbo a la Av. Independencia por el parque Universitario y los que rodean en la zona de la Universidad Católica Santa María, esquivando fotógrafos a golpes. 

Pero, al parecer, esto podría cambiar si le hacen caso en el Congreso a la modificatoria de la Ley 26979 de procedimientos de Ejecución Coactiva (Articulo 23 inciso 23.3). Lo que persigue esta reformulación es que las municipalidades no se vean ahogadas por recursos de amparo cuando hacen efectivo un cierre de local por incumplimiento de servicio. Más simple: que un local con permiso para vender sánguches venda cerveza a diestra y siniestra sea cerrado definitivamente por reincidencia.

Actualmente el bendito inciso 23.3 permite que con la sola presentación de la demanda de revisión judicial, se interrumpa el proceso de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior. Los locales que realizan actividades prohibidas (y aquí entran a tallar los clubs nocturnos o prostíbulos encubiertos y descubiertos que funcionan como si fuera verdad lo de la bolsa para funcionarios de la Municipalidad) y también aquellos cuya licencia de funcionamiento está vencida, no importando el trámite que haga el ya advertido propietario.

Existe la salvedad de que si la demanda fuera admitida, bastaría la presentación de la resolución para la suspensión automática de la sanción municipal. Con esto los verdaderos dueños de locales que demuestren que en sus negocios no se fomente el consumo de licor indiscriminado ni la trata de blancas o cafichaje, puedan reabrir sus puertas.

La norma de por sí le solucionaría los dolores de cabeza al alcalde Alfredo Zegarra en sus intentos de cerrar los tugurios que son un constante sufrimiento para los vecinos. Aún con todos los intentos de camuflaje, la verdad es que Arequipa es una de las pocas ciudades, sino la única que cuenta con prostíbulos, bares donde se permite el ingreso a menores de edad y tugurios donde se refugian delincuentes luego de cometer sus fechorías, dentro de un Centro Histórico declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La Comisión de Justicia del Congreso ahora tiene la pelota en su cancha.